Infancia y ajuste: el costo humano del neoliberalismo

Hay una forma de medir a un gobierno que no aparece en los gráficos de superávit fiscal: la que se mide en la mesa de los comedores vacíos, en las salas de estimulación que cerraron, en la madre que no consigue turno para la terapia de su hijo. Esa es la vara con la que hay que juzgar al gobierno de Javier Milei, y en esa vara el resultado es demoledor: la niñez y la adolescencia argentinas se convirtieron en el blanco más vulnerable de un proyecto que subordina los derechos a la aritmética fiscal.

Los números no dejan margen para el relativismo. En el primer semestre de 2024 la pobreza en menores de catorce años trepó al 66,1%¹, un pico histórico que desnudó el costo inmediato del shock de ajuste. Que hacia fines de 2025 ese guarismo haya cedido al 42,3%² no habla de una política de cuidado sino de la persistencia de transferencias como la AUH y la Prestación Alimentar: menos pobreza monetaria no es más protección, y alimentación, salud, educación y cuidado siguen deteriorándose para millones de chicos, con casi la mitad de la niñez y la adolescencia sufriendo hoy alguna privación de derechos básicos como el agua, la vivienda o el saneamiento.

El hambre es la cara más cruda de esta política. El recorte del 65,5% en el presupuesto de comedores comunitarios³, sostenido con la excusa de una auditoría que el propio Gobierno terminó admitiendo que nunca existió, dejó a miles de pibes sin el plato de comida diario. No es casual que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU haya expresado alarma por el agravamiento de la inseguridad alimentaria: cuando un organismo internacional advierte sobre el hambre de los chicos de un país, algo se rompió en el contrato social más elemental.

La primera infancia, ese territorio donde se juega buena parte del destino de una vida, también fue arrasada: el desmantelamiento del Plan Nacional de Primera Infancia y del Plan Mil Días dejó a más de 150.000 niños de entre 0 y 4 años sin espacios de cuidado ni estimulación⁴, y el cierre de colonias y centros recreativos completa un cuadro de vaciamiento que no es solo económico, sino cultural y comunitario: el retiro deliberado del Estado de la vida cotidiana de las familias.

Los números institucionales confirman el diagnóstico. El presupuesto de la Secretaría de Niñez cayó un 73% en términos reales entre 2023 y 2025; los programas de primera infancia retrocedieron un 90%. La Línea 102, herramienta clave para denunciar violencia contra los chicos, quedó desarticulada, y el sistema federal de protección de derechos se debilita hasta la parálisis.

El impacto llega a cada hogar: un 31% de las familias con niños todavía no logra cubrir sus gastos básicos⁵, y el financiamiento de Progresar cayó a la mitad, golpeando a los adolescentes justo cuando más necesitan sostén para no abandonar la escuela. Mientras tanto, el Estado se retira de los territorios, cierra delegaciones y criminaliza a las organizaciones sociales que, con las manos, sostienen comedores y redes comunitarias donde el Estado ya no llega.

Y hay una crueldad específica reservada para los niños con discapacidad. El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad —después declarado inconstitucional por la Justicia⁶— puso en riesgo terapias, transporte escolar y prestaciones básicas; familias enteras quedaron a la deriva y los centros educativos terapéuticos sobreviven de donaciones. Ajustar ahí no es economía: es una decisión política sobre a quién se le puede quitar. Porque el relato de la "motosierra pareja para todos" es eso, un relato: el ajuste golpea selectivo, primero y más hondo a quien no tiene con qué amortiguarlo. Un niño con discapacidad y en situación de pobreza no tiene ahorro, ni changa, ni otro Estado al que recurrir cuando el que existía se retira.

El neoliberalismo de Milei no es solo un modelo de números: es una redefinición de prioridades que convierte a la infancia en gasto prescindible. Cada comedor golpeado, cada terapia interrumpida, cada chico que no llega a fin de mes, es una herida en el cuerpo social que no cicatriza con superávit.

Desde el campo popular y los derechos humanos la respuesta debe ser clara: un país que abandona a sus niños renuncia a su propia humanidad. Defender la infancia es defender la democracia. Frente al ajuste, no alcanza con indignarse: hace falta organización, solidaridad y la construcción de un modelo que ponga la vida en el centro.

Notas

1. INDEC, EPH, primer semestre de 2024, menores de 14 años.

2. UNICEF Argentina, segundo semestre de 2025, sobre niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (serie no estrictamente comparable con la de INDEC, que mide 0-14). UNICEF advierte que la mejora es frágil y podría revertirse parcialmente en 2026.

3. Caída real 2024 vs. 2023. En 2025 hubo una recuperación real del 27% sin llegar a niveles de 2023, y el Presupuesto 2026 prevé un nuevo recorte del 28,9%.

4. Dato de un relevamiento de ATE Capital (fuente sindical) sobre las políticas de niñez, adolescencia y familia.

5. UNICEF, 9ª Encuesta Rápida: el 31% es una baja significativa respecto del 48% registrado en 2024.

6. Fallo de un juez federal de Campana (agosto 2025), a partir del amparo de una familia puntual; con alcance inmediato a ese caso, aunque sentó precedente que luego retomó la Cámara de Diputados.