La ternura que el ajuste no entiende

Hay decisiones políticas que no solo administran recursos: definen el tipo de sociedad que estamos dispuestos a ser. La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la ley de discapacidad se inscribe en ese plano. No es un tecnicismo jurídico ni una discusión presupuestaria: es una disputa ética de fondo, donde lo que está en juego es la dignidad humana.

En los años noventa, cuando viajábamos en el tren del oeste hacia Moreno para realizar nuestras prácticas del Profesorado de Educación Especial del Instituto Superior de Formación Docente N.º 21 Ricardo Rojas, aprendimos algo que ningún manual podía enseñar. En una escuela atravesada por la ternura, niñas y niños con discapacidad nos recibían con abrazos que desarmaban cualquier prejuicio. Allí no había déficit: había humanidad en estado puro. Recuerdo a Elisa preguntando, con una mezcla de curiosidad y alegría: “¿Vinieron profes nuevos, señorita?”. O a Mateo, capaz de recitar discursos enteros con una memoria asombrosa. Cada gesto, cada palabra, era una lección sobre el valor irreductible de cada vida.

Esa experiencia no fue solo formativa: fue fundante. Nos enseñó que la educación es, ante todo, un acto de reconocimiento. Que enseñar también es dejarse transformar. Y que el compromiso docente no puede escindirse de una ética de los derechos humanos.

Por eso resulta profundamente alarmante —y políticamente revelador— que hoy se pretenda instalar que las personas con discapacidad “atentan contra el funcionamiento del Estado”. La afirmación no solo es falsa: es peligrosa. Invierte la carga de la prueba y desplaza la responsabilidad. No son las políticas regresivas las que ponen en riesgo al Estado, sino quienes, desde el poder, deciden recortar derechos mientras sostienen privilegios.

¿De verdad el problema son las personas con discapacidad y sus familias? ¿O lo son la evasión fiscal, la concentración de la riqueza y los beneficios a sectores que no requieren protección estatal? La selectividad del ajuste nunca es neutra: siempre expresa una concepción de sociedad.

La Argentina no parte de cero en esta materia. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional. No es una sugerencia ni una declaración de buenas intenciones: es una obligación jurídica y ética. Desconocerla implica erosionar el propio Estado de derecho.

En este escenario, la Corte Suprema tiene una responsabilidad histórica. No se trata solo de fallar en un expediente, sino de reafirmar —o debilitar— el principio de igualdad ante la ley. La pregunta es tan simple como decisiva: ¿se alineará con una lógica de ajuste que excluye o con el mandato constitucional que protege?

Volver a aquellas aulas de Moreno, aunque sea en la memoria, ayuda a ordenar la respuesta. Porque allí entendimos que una sociedad se mide por cómo trata a quienes más necesitan de los otros. Y que cuando el Estado se retira, no queda libertad: queda intemperie.

Defender los derechos de las personas con discapacidad no es un gesto de solidaridad. Es una afirmación de humanidad. Y, en este tiempo, también un acto de resistencia.